"EL CASO DEGOLLADOS"

Se refiere al secuestro y asesinato de tres miembros del Partido Comunista de Chile -los profesionales José Manuel Parada, Manuel Guerrero Ceballos y Santiago Nattino- por las fuerzas armadas en Santiago de Chile en marzo de 1985 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Los espantosos crímenes y la posterior investigación condujeron al derrocamiento cuatro meses después de César Mendoza,Director de Carabineros y miembro de la junta militar desde el golpe del 11 de septiembre de 1973. Tras la restauración de la democracia, 16 acusados fueron condenados por estos delitos, cinco de los cuales recibieron cadena perpetua por secuestro y asesinato.

Antecedentes
En agosto de 1984, el suboficial de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), Andrés Valenzuela Morales, desertó de la institución y admitió ante Mónica González, reportera de la revista Cauce, la existencia del Comando Conjunto, un grupo encubierto dentro de la FACh que "compitió" con la DINA en los años 1970 para eliminar a los dirigentes del de la Unidad Popular. Luego de que se impusiera el Estado de sitio en noviembre de 1984 y se cerraran las revistas opuestas al régimen para impedir su publicación, la entrevista con Valenzuela fue publicada en El Diario de Caracas de Venezuela en diciembre de ese año. El 30 de octubre de 1984, pocos meses antes de la publicación de la entrevista, un grupo atacó la sede del Movimiento Democrático Popular , una coalición de partidos de izquierda que incluía al Partido Comunista (PC), el Partido Socialista de Almeyda y la Izquierda Cristiana, en la calle San Antonio de Santiago. Entre los bienes robados se encontraron los cuadernos del arquitecto y activista comunista Ramón Arriagada Escalante. Arriagada anotó en sus cuadernos sus encuentros con varios activistas del partido, entre ellos el sociólogo y funcionario de la Vicaría de Solidaridad José Manuel Parada, el profesor y dirigente de la Asociación Gremial de Educadores (Agech) Manuel Guerrero Ceballos, y el pintor y simpatizante del Agech Santiago Nattino. Cuatro meses después, el 25 de febrero de 1985, Arriagada fue detenido por dos hombres vestidos de civil en la esquina de Ramón Carnicer y Almirante Simpson, cerca de Plaza Italia, y subido a un automóvil. Posteriormente se descubrió que se trataba de agentes del entonces secreto Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar). Durante su detención, Arriagada fue torturado e interrogado sobre la conducta de Parada y Guerrero. En ese momento, Parada estaba investigando al Comando Conjunto, un esfuerzo que comenzó después de que Mónica González y el director del Cauce, Edwin Harrington, acudieran a la Vicaria de la Solidaridad para expulsar a Valenzuela Morales de Chile. En esta misión, Parada contó con la ayuda de Guerrero, quien fue capturado y torturado en 1976 por un grupo entonces desconocido. Los agentes de Dicomcar también creían que ambos hombres tenían estrechos vínculos con la dirección clandestina del Partido Comunista, y sospechaban que Nattino era responsable de la reintroducción encubierta de militantes en Chile. Durante las siguientes semanas, Arriagada informó a Parada que había sido secuestrado e interrogado sobre sus actividades, sin embargo, el sociólogo optó por no salir del país, a pesar de ser consciente de los riesgos que enfrentaba.

Secuestro y Asesinato
La mañana del jueves 28 de marzo, Nattino fue abordado por un sospechoso en el cruce de las calles Apoquindo y Badajoz, quien le apuntó con un arma y lo obligó a subir a un vehículo que esperaba en la esquina. Esa misma noche, desconocidos ingresaron a las oficinas de Agech en Londres 75B y secuestraron a cuatro de los líderes de la asociación: Mónica Araya, Eduardo Osorio, José Toloza y Alejandro Traverso. Después de un día completo de interrogatorios, los cuatro quedarán liberados al día siguiente. Parada y Guerrero estaban conversando afuera del Colegio Latinoamericano (Avenida Los Leones 1401) poco después de las 8:30 de la mañana del viernes 29 cuando una camioneta Opala se detuvo frente a ellos. Tres hombres bajaron del coche y agarraron violentamente al sociólogo y al profesor. Uno de los dos profesores que presenciaron la escena recibió un disparo en el abdomen cuando intentaba intervenir. La Station arrancó inmediatamente con dirección desconocida. Poco antes del incidente, un helicóptero de la policía sobrevoló a baja altura la zona y un hombre apareció en la esquina y comenzó a dirigir el tráfico. Una investigación posterior determinaría que Parada y Guerrero fueron llevados al Cuartel Dicomcar en la calle Dieciocho, la misma instalación que el Comando Conjunto había operado durante la última década. Allí los tres fueron torturados. Luego, en las primeras horas del sábado 30, los llevaron a Quilicura. Los profesionales fueron degollados y sus cuerpos abandonados en unos matorrales frente a la finca "El Retiro" cerca del Aeropuerto de Pudahuel. Los cuerpos fueron descubierto por dos agricultores poco después del mediodía del mismo sábado. En las horas siguientes, luego de que el hallazgo de los tres profesionales causara revuelo público, el almirante José Toribio Merino habló de crímenes "comunistas", mientras que el general César Mendoza dijo que se trataba de un "ajuste de cuentas". El Ministro de Defensa, Patricio Carvajal, culpó al "comunismo de Moscú" de los asesinatos.

Investigación
El brutal triple homicidio, conocido como “El Caso Degollados”, provocó conmoción e indignación en todo el país. El lunes 1 de abril, el mismo día de los funerales de Guerrero y Parada, la Corte Suprema nombró al juez José Cánovas Robles como Ministro en visita para investigar los crímenes. Pronto las evidencias demostraron que la entonces desconocida policía de Dicomcar estuvo involucrada en el asesinato de tres profesionales y el secuestro de cuatro integrantes de Agech y de Arriagada. De gran importancia es un informe elaborado por la CNI y entregado al juez, que describe los métodos operativos y centros de operaciones de Dicomcar. La investigación determinará que los asesinatos fueron ordenados por Guillermo González Betancourt, jefe del Departamento de Asuntos Externos e Internos de la Dicomcar, ejecutados por el cabo Alejandro Segundo Sáez Mardones, Claudio Alberto Salazar Fuentes e implementada por el sargento José Florentino Fuentes Castro. En el auto que llevaba a Parada, Guerrero y Nattino a Quilicura también estaban González Betancourt, el capitán Patricio Zamora Rodríguez y Miguel Estay Reyno (conocido como "El Fanta"), un comunista que se convirtió en informante y colaborador de la dictadura. El 1 de agosto, luego de una investigación de cuatro meses, el juez Cánovas encargó a dos presuntos pilotos de helicópteros policiales que sobrevolaron el lugar del secuestro minutos antes del secuestro, así como a otros 12 funcionarios, entre ellos el titular de la Dicomcar, Coronel Luis Fontaine Manríquez, el jefe de asuntos internos y externos de Dicomcar, coronel Julios Luis Michea Muñoz, y el titular de la agencia, teniente coronel. Iván González Jorquera. Jefe del GOPE. También se declaró incompetente de que el caso fuera conocido por la justicia militar. Sin embargo, en los días siguientes, el tribunal militar rechazó la teoría de la incompetencia. El 2 de agosto, un día después de la resolución de Cánovas, el director general César Mendoza renunció al mando y a la Junta de Gobierno, del que había sido miembro desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. El mismo día, cuando los medios le preguntaron por qué se fue, Mendoza respondió: "Porque quiero hacerlo, ya no", antes de agregar: "El maíz lo están desgranando...". El general Rodolfo Stange lo reemplazó y en las siguientes semanas ordenó la disolución de Dicomcar. En su informe especial de 1985, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó la esperanza de que "los casos actualmente bajo revisión conduzcan a la identificación y castigo de los responsables de tales actos criminales". Cuando se reabrió el caso, Cánovas presentó cargos contra 10 agentes, pero la Corte Suprema anuló las acusaciones en enero de 1986 y un juez ordenó que el caso se desestimara temporalmente un año después. En 1989, el juez se jubiló y fue reemplazado por el secretario visitante Milton Juica. En mayo de 1990, un comando del Frente Patriótico de Manuel Rodríguez vengó el caso Degollados asesinando al coronel Luis Fontaine Manríquez.

Condenas
Después de varios años de investigación, en 1994, el juez Milton Juica condenó a tres agentes de policía a cadena perpetua por asesinato y otros 13 agentes a penas de prisión que oscilaban entre 41 días y 18 años. Posteriormente, el Corte de Apelaciones aumentó la pena de cadena perpetua a seis las condenas. Al año siguiente, la Corte Suprema finalmente confirmó cinco de las seis cadenas perpetuas: Guillermo González Betancourt, José Fuentes Castro, Alejandro Saíz Mardones, Claudio Salazar Fuentes y Miguel Estay Reynos. La pena de Patricio Zamora Rodríguez fue reducida a 15 años y un día.

 

 

 

A 40 años del triple crimen que conmocionó a Chile en la dictadura de Pinochet como uno de los casos más terribles, ejecutados por la Dicomcar y las aparatos de seguridad de Augusto Pinochet, queremos recordar y visualizar para que casos como estos jamás vuelvan a ocurrir en nuestro país.